Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia

Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, tribunal internacional dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instituido en 1993 para procurar el procesamiento de aquellas personas acusadas de haber cometido, desde el 1 de enero de 1991, determinados delitos y crímenes de especial gravedad en el territorio que comprendía hasta ese año la República Federal Socialista de Yugoslavia, en el transcurso de la denominada guerra de la antigua Yugoslavia (y, posteriormente, en los subsiguientes sucesos asociados a ella, tales como la crisis de Kosovo).

Su establecimiento fue aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su resolución unánime 827 del 25 de mayo de 1993, y su constitución se produjo el 17 de noviembre de ese mismo año en la ciudad neerlandesa de La Haya, donde radica su sede. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia tiene competencia para juzgar aquellos hechos que, en el espacio y tiempo indicados, pudieran haber supuesto la violación de los principios de la Convención de Ginebra (1949), del Código de Conducta en Tiempo de Guerra (1901) o de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio (1948). Su fundación pretendía evitar que, debido a la inexistencia de un tribunal y de un código penal internacional, quedaran impunes delitos tales como los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad o el genocidio, que la propia ONU declara imprescriptibles.

Un presidente se encuentra al frente del Tribunal, que está integrado por una fiscalía, tres salas de primera instancia (con tres jueces cada una) y una sala de apelaciones (con cinco jueces), y dotado de algunas celdas en su propio edificio y una prisión en Scheveningen. Dado que sus normas procesales no recogen la posibilidad del juicio en rebeldía, es decir, con ausencia del inculpado, una vez que un individuo es encausado como tal, se dispone su busca y captura internacional, existiendo la obligatoriedad de que cualquier país miembro de la ONU facilite su puesta a disposición de este órgano. Entre los nombres más destacados que en 1999 figuraban como reclamados por el Tribunal se encontraban los de Radovan Karadzic (principal dirigente de los serbobosnios que lucharon contra el gobierno de Bosnia-Herzegovina durante la guerra de la antigua Yugoslavia) y Slobodan Milosevic (presidente de Serbia desde 1989 hasta 1997 y de la República Federal de Yugoslavia desde ese último año hasta 2000). Este último (contra el cual fue dictada una orden de detención el 27 de mayo de 1999, acusado de haber cometido crímenes contra la humanidad y violación de las leyes de guerra en la provincia de Kosovo durante los primeros cuatro meses de aquel año), resultó extraditado por el gobierno de Serbia y puesto a disposición del Tribunal el 28 de junio de 2001, hecho que constituyó un hito para esta instancia. El juicio comenzó en febrero del año siguiente y se prolongó hasta marzo de 2006, fecha en la que falleció Milosevic (por causas naturales) en su celda de La Haya. La muerte del dirigente privó al Tribunal de una sentencia ejemplarizante, a pesar de que el mero desarrollo del proceso puede considerarse un hecho histórico.

Precedido históricamente por el Tribunal Internacional Militar de Nuremberg y por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente de Tokio (establecidos ambos para conducir los juicios por crímenes de guerra acontecidos durante la II Guerra Mundial), a la creación de este organismo le sucedió un año después la del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Arusha (Tanzania), que entendería de hechos similares ocurridos en aquel país a lo largo del conflicto interétnico entre tutsis y hutus. Con la intención de dotarse de un organismo judicial de carácter permanente y competencia geográfica global para el enjuiciamiento de este tipo de delitos, 120 países miembros de la ONU aprobaron durante una conferencia celebrada en Roma (Italia) en 1998 el estatuto jurídico de lo que sería en el futuro el Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas.