Argentina (república)

El 24 de octubre de 1999, el dirigente radical y candidato de la Alianza por el Trabajo, la Educación y la Justicia, Fernando de la Rúa, obtuvo la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Su coalición logró el 48,50% de los votos emitidos, frente al 38,09, que fue a parar al Partido Justicialista, encabezado por Eduardo Duhalde. El 10 de diciembre siguiente, De la Rúa sustituyó en la presidencia de la República a Menem. Durante 2000, su primer año de mandato, tuvo que afrontar una doble crisis, política (culminada con las dimisiones, en octubre, del jefe del gabinete de ministros, Rodolfo Terragno, y del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, líder del Frepaso) y socio-económica (el anuncio presidencial de una serie de medidas de política económica, a las que el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionaba sus fondos de emergencia y entre las que figuraba la congelación del gasto público hasta 2005, generó una gran tensión social que tuvo su episodio más trascendente en una huelga general de 36 horas, iniciada el 23 de noviembre tras ser convocada por distintas centrales sindicales). Durante el mes de marzo de 2001 la crisis económica derivó en institucional. Tras dimitir el ministro de Economía, José Luis Machinea, De la Rúa reorganizó su gabinete y Ricardo López Murphy, hasta entonces ministro de Defensa, pasó a desempeñar la cartera de Economía. Éste anunció un plan de ajuste que implicaba un importante recorte del gasto público, lo que motivó el descontento social y la dimisión de los ministros del Frepaso e incluso de algunos de la UCR. Poco después, De la Rúa anunció el nombramiento como primer ministro de Domingo Cavallo (ministro de Economía con Menem y líder de Acción por la República), pero la dimisión de López Murphy determinó que finalmente Cavallo se convirtiera en titular de Economía. Cavallo derogó el plan de su predecesor, presentó el Proyecto de Ley de Competitividad al Congreso y recibió de la cámara poderes especiales para gobernar por decreto durante un año.

La crisis económica y la política aplicada desde el ejecutivo fueron determinantes en los resultados de las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001 (en las que los ciudadanos renovaron 127 escaños de la Cámara de Diputados y designaron a los 72 integrantes del Senado). En estos comicios, marcados por los altos índices de abstención, votos nulos y en blanco, la Alianza sufrió un fuerte retroceso, mientras que el Partido Justicialista se convirtió en el grupo con mayor representación parlamentaria (con 40 senadores y 116 diputados). De la Rúa afrontó así el difícil reto de tener que gobernar con ambas cámaras del Congreso Nacional dominadas por la oposición.

En diciembre de 2001 el Estado se encontraba en una situación cercana a la suspensión de pagos y los créditos del FMI se vieron comprometidos. El día 3 de dicho mes, el gobierno limitó a 250 pesos la cantidad que los ciudadanos podrían retirar de sus cuentas cada semana. Fue la primera de una serie de impopulares medidas tendentes a restringir la disposición de efectivo de los argentinos y a limitar los pagos públicos (pensiones y salarios funcionariales resultaron, por ejemplo, aplazados). Todo ello generó el pánico de la población y, a la postre, el estallido social. El día 13 tuvo lugar una huelga general convocada por la CGT, y seis después miles de personas hacían patentes sus protestas en las calles de todo el país. De la Rúa decretó el estado de sitio, lo derogó el día 20 y, ante la negativa peronista a formar un gobierno de unidad nacional, dimitió. Fue sucedido interinamente por el presidente del Senado, Ramón Puerta, hasta que el día 21 el Congreso otorgó la jefatura del Estado al peronista Adolfo Rodríguez Saá. Éste anunció la momentánea suspensión de pagos de la deuda externa y la entrada en circulación de una nueva moneda, el “argentino”, respaldada por el conjunto de bienes inmuebles estatales. Diferencias surgidas con algunos gobernadores provinciales de su propio partido motivaron que Rodríguez Saá dimitiera el 30 de diciembre. Le sustituyó durante horas el presidente de la cámara baja, Eduardo Camaño (Puerta renunció al desempeño de una segunda interinidad), y el 2 de enero de 2002, designado por el Congreso, el también justicialista Eduardo Duhalde juró el cargo de presidente de la República. Pocos días después de su acceso al poder, el nuevo primer mandatario dispuso sus primeras medidas para hacer frente a la crisis económica: abandono del tipo cambiario fijo, devaluación del peso y pesificación de la economía (incluidos depósitos bancarios).

En abril de 2002, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, dimitió ante las protestas suscitadas por el denominado Plan Bonex, que preparaba junto a Duhalde para canjear por bonos de deuda pública los depósitos bancarios a plazo inmovilizados. Los demás miembros del gabinete pusieron también sus cargos a disposición del presidente, el cual aceptó, entre otras, la renuncia del jefe de gobierno, Jorge Capitanich, y designó titular de Economía a Roberto Lavagna. Éste anunció que no se produciría el retorno a un tipo de cambio fijo (siguiendo así las recomendaciones del FMI) y que persistirían las restricciones bancarias. El gobierno vio cumplidos algunos de sus principales objetivos en junio: el Senado derogó la llamada Ley de Subversión Económica, se acordó un pacto fiscal con los gobiernos provinciales para reducir en un 60% su déficit, y se dispuso un nuevo Plan Bonos. Pero el eje del programa gubernamental, cumplir las exigencias del FMI para recuperar su ayuda económica, generó todo tipo de actitudes opositoras y agudizó la conflictividad social. Pese a que la crisis continuó, el gobierno intentó normalizar progresivamente el sistema financiero; en noviembre de 2002, casi un año después de su implantación, finalizaron las restricciones para retirar efectivo de cuentas corrientes (acababa así el llamado corralito), y en marzo de 2003 se levantaron las limitaciones para retirar fondos de depósitos a plazo fijo (el denominado corralón).

Esto ocurrió poco antes de la celebración de elecciones presidenciales, anticipadas por Duhalde al 27 de abril de 2003. El peronismo, dividido, estuvo representado por tres candidatos que no pudieron concurrir bajo las siglas justicialistas: los ex presidentes Menem (Alianza Frente por la Lealtad-Unión del Centro Democrático) y Rodríguez Saá (Alianza Frente Movimiento Popular-Partido Unión y Libertad), y el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner (Alianza Frente para la Victoria). Leopoldo Moreau fue el candidato oficial de la Unión Cívica Radical, en tanto que dos antiguos miembros de este grupo, López Murphy y Elisa Carrió, se presentaron por dos nuevas formaciones (Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento, y Afirmación para una Republica Igualitaria, respectivamente). Tal fraccionamiento se dejó sentir igualmente en otras opciones políticas, lo que se materializó en un total de 18 candidatos. Los más votados fueron Menem (24,4%), Kirchner (22%), López Murphy (16,3%), Carrió (14,1%) y Rodríguez Saá (14,1%). Dados estos resultados, Menem y Kirchner deberían haber concurrido el siguiente 18 de mayo a una segunda vuelta electoral, pero ésta no llegó a tener lugar, pues Menem retiró finalmente su candidatura. Convertido de forma automática en presidente electo, Kirchner tomó posesión del cargo el 25 de mayo.

Partidario de la intervención económica del Estado allí donde el mercado crease injusticias, Kirchner refutó el neoliberalismo aplicado por los gabinetes argentinos durante la década de 1990. Por otra parte, el nuevo presidente derogó, en julio de 2003, el decreto que desde 2001 impedía la extradición de los torturadores de la dictadura militar, antesala de su proyecto para anular las leyes de Obediencia Debida y del Punto Final (aprobadas en 1986 y 1987, durante la presidencia de Alfonsín); todo ello se plasmó, en agosto de 2003, cuando presentó ante el Congreso Nacional la propuesta para derogar esa legislación. Ambas cámaras aprobaron el proyecto, que quedó a la espera del fallo de la Corte Suprema; este se produjo en junio de 2005, cuando el más alto tribunal argentino declaró inconstitucionales y anuló aquellas leyes. El gobierno de Kirchner también afrontó una nueva relación con los organismos internacionales y así, en septiembre de 2003, logró que el FMI le permitiera refinanciar a tres años una deuda de casi 10.000 millones de dólares estadounidenses y le concediera una moratoria de tres años de su deuda con él. La política exterior argentina giró para adquirir una muy especial vinculación con Brasil; el 16 de octubre de 2003, Kirchner firmó con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el llamado Consenso de Buenos Aires, con el que se fortalecían el Mercosur y las relaciones comerciales entre ambos países; más allá aún, en diciembre de ese año, Brasil y Argentina acordaron adoptar en un futuro decisiones coordinadas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En enero de 2005, Argentina comenzó a pagar la deuda que había dejado de canjear tres años antes; tres meses después, el canje de títulos de la deuda externa superó el 76%. En las elecciones legislativas parciales que tuvieron lugar el 23 de octubre de ese mismo año 2005, se impusieron las candidaturas del Frente para la Victoria de Kirchner, lo que se interpretó como un respaldo a las políticas aplicadas desde la presidencia. Después de estos comicios, tres ministros pasaron a formar parte de la Cámara de Diputados, lo que motivó que Kirchner efectuara una remodelación gubernamental. Al margen de los tres relevos propiciados por tal circunstancia, también se produjo la sustitución de Lavagna por Felisa Miceli (luego de que surgieran diferencias entre el presidente y el hasta entonces responsable de Economía). En las primeras horas del año 2006, tal y como Kirchner había anunciado en diciembre, Argentina canceló anticipadamente la totalidad de su deuda con el FMI.

El 28 de octubre de 2007 se celebraron elecciones presidenciales. La victoria fue para Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente saliente, al obtener el 44,9% de los votos como candidata (al igual que su marido cuatro años antes) de la Alianza Frente para la Victoria. Los siguientes aspirantes más votados fueron Elisa Carrió (de la Confederación Coalición Cívica), con el 22,9%; y Roberto Lavagna (Una Nación Avanzada, UNA, plataforma electoral de los radicales), con el 16,8 por ciento. La investidura de Fernández como jefa del Estado tuvo lugar el 10 de diciembre siguiente.