Bolivia

6.4

Gobiernos militares

El gobierno militar llevó a cabo una política de reformas económicas conservadoras, como la reapertura de la industria de las minas de estaño a las inversiones privadas extranjeras. En julio de 1966 René Barrientos fue elegido presidente ya como civil. Sin embargo, se vio obligado a depender de los militares para poder enfrentarse a los movimientos guerrilleros que habían empezado a actuar en las regiones montañosas. En octubre de 1967 el Ejército boliviano anunció haber derrotado a los rebeldes en un lugar próximo a la aldea de Valle Grande. Había sido capturado en el campo de batalla Ernesto Che Guevara, siendo poco después ejecutado. Barrientos murió en un extraño accidente de helicóptero en abril de 1969. Se sucedieron en el poder una serie de gobiernos de corta duración, la mayoría militares, y en agosto de 1971 el general Juan José Torres fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el coronel Hugo Banzer.

El régimen de Banzer viró rápidamente desde una posición relativamente moderada a una de mayor represión: suprimió el movimiento obrero, suspendió todos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros. En 1978 Banzer dimitió y una junta militar se hizo con el poder. A comienzos de la década de 1980 el fuerte crecimiento económico de la década anterior —que había sido sostenido por los altos precios del estaño en el mercado mundial— dio paso a la crisis. La caída del precio del mineral y la mala administración de los regímenes militares habían dejado a Bolivia con una inmensa deuda, una situación hiperinflacionaria y un descenso de los ingresos por exportaciones. La exportación ilegal de cocaína fue el principal recurso que le procuró divisas, por lo que Estados Unidos presionó al gobierno de Bolivia para que tomara medidas efectivas contra el tráfico de esta droga.

6.5

Gobiernos democráticos

En octubre de 1982 Hernán Siles Zuazo tomó de nuevo posesión de la presidencia. Se enfrentó con varias crisis ministeriales y fue incapaz de resolver los problemas económicos del país, bastante urgentes debido al pago de los intereses de la deuda externa a los bancos internacionales. Siles dimitió y convocó elecciones anticipadas; el Congreso volvió a reclamar a Paz Estenssoro como presidente. Su nuevo gobierno intentó cortar la producción de coca y la venta de cocaína con la colaboración de las tropas estadounidenses, pero esta medida, además de ser impopular, solo obtuvo un éxito parcial. El principal logro de Paz Estenssoro fue una nueva política económica que frenó una hiperinflación del orden del 27.000% entre enero y agosto de 1985, y que fue exportada a otros países de América. Jaime Paz Zamora, que había sido el tercer candidato más votado en las elecciones de mayo de 1989, asumió en agosto la presidencia del país después de recibir el apoyo de Acción Democrática Nacionalista (ADN), grupo político de derecha.

Las siguientes elecciones, celebradas en junio de 1993, dieron la victoria al empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, quien asumió la presidencia, en tanto que el dirigente aymara Víctor Hugo Cárdenas accedía a la vicepresidencia. Asimismo, en las elecciones para el Congreso, el MNR obtuvo la mayoría, reemplazando a la coalición de centro-izquierda hasta ese momento en el poder. Lozada, que había sido ministro de Planeamiento y Coordinación antes de su elección como presidente, introdujo algunas de las medidas más severas de reforma económica puestas en práctica por los países fuertemente endeudados: amplia privatización de empresas estatales, reducción de los gastos en servicios sociales y en los programas de educación, y cierre de muchas de las minas. El estricto control de los gastos estatales ayudó a reducir la inflación a un 6,5% en 1995, pero los costos sociales fueron muy altos. Su programa de gobierno, denominado ‘Plan de Todos’, consistió en la capitalización, la participación popular, la reforma educativa y la descentralización administrativa.

En las elecciones presidenciales de junio de 1997 resultó vencedor el ex presidente Hugo Banzer, el cual, sin contar con la mayoría absoluta, recibió inicialmente el apoyo del también ex presidente Jaime Paz Zamora y su partido, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), quien de esta manera le devolvía el favor por respaldar con sus diputados de Acción Democrática Nacionalista (ADN) la gobernabilidad del país durante su mandato. En junio de 1999, Banzer hubo de cambiar a la mitad de los miembros de su gobierno, tras un grave escándalo que salió a la luz cuando ese mismo mes se produjo la inesperada renuncia del ministro del Interior, Guido Nayar, quien criticó la corrupción e ineficacia gubernamentales. El presidente decretó el 8 de abril de 2000 el estado de sitio, con el objeto de detener la oleada de protestas que tenían lugar en Cochabamba, pero no pudo contener con esa medida un violento estallido social causado por la extrema pobreza del campesinado indígena hasta que firmó seis días después con los representantes sindicales de estos una serie de acuerdos.

El día 20 de ese mes, cuatro días antes de que los miembros de su gobierno presentaran en pleno la dimisión, Banzer suspendió el estado de sitio. Nombró un nuevo gabinete el 25 de abril, pero el 19 de octubre tuvo que ver como de nuevo su gobierno presentaba en bloque su dimisión tras la grave crisis social vivida en Bolivia desde septiembre. Esta, caracterizada por huelgas, cortes de carreteras y enfrentamientos con fuerzas militares (sobre todo en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) estuvo protagonizada por indígenas y determinados sindicatos, defensores del derecho de los campesinos al cultivo de coca y contrarios a las intenciones gubernamentales de erradicarlo y sustituirlo por el de otros productos.

Aquejado de cáncer de pulmón, Banzer renunció el 6 de agosto de 2001 a la presidencia y fue sustituido en la misma por el que hasta entonces había sido su vicepresidente, Jorge Quiroga. Este se mantuvo en el gobierno hasta el 6 de agosto de 2002, completando el quinquenio para el cual había sido elegido Banzer. Su sucesor fue Sánchez de Lozada, cuya candidatura por el MNR fue la más votada en las elecciones presidenciales celebradas el 30 de junio de ese mismo año. Al recibir solo el 22,5% de los sufragios (por el 20,94% de Evo Morales, líder indígena del Movimiento al Socialismo, MAS; del 20,91% de Manfred Reyes, candidato de Nueva Fuerza Republicana, NFR; y del 16,3% de Paz Zamora, nuevamente presentado por el MIR), Sánchez de Lozada precisó la designación del nuevo Congreso Nacional (cuyos miembros fueron elegidos ese mismo día), para la cual compitió con Morales y que logró gracias al voto de sus parlamentarios y de los procedentes de otros partidos, principalmente el MIR. Sánchez de Lozada y Paz Zamora sellaron antes el denominado Plan Bolivia de Responsabilidad Nacional, pacto de gobernabilidad entre ambas formaciones basado en una futura política que tuviera por eje principal la creación de empleo y de riqueza.

El nuevo presidente anunció en febrero de 2003 una serie de impopulares medidas económicas (entre ellas, un nuevo impuesto sobre los salarios), que generó protestas en todo el país. Sánchez de Lozada retiró su proyecto, pero la grave crisis suscitada, salpicada de violentos incidentes, motivó la dimisión de todos los miembros de su gobierno. En el siguiente mes de agosto, para intentar poner fin a la crisis que vivía el país, Sánchez de Lozada llegó a un acuerdo con el partido de la oposición NFR, que entró en el ejecutivo. El plan gubernamental de costear proyectos sanitarios y educativos con los beneficios de la exportación de gas natural generó nuevos descontentos (principalmente, por la posibilidad de que el transporte de dicho producto se efectuara a través de un puerto chileno); así, en septiembre y octubre de 2003 se sucedieron nuevas manifestaciones promovidas por la Central Obrera Boliviana (COB) y por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que también convocaron un paro general indefinido. El movimiento popular también fue catalizado por el MAS y por el Movimiento Indígena Pachakuti. La revuelta se extendió a las principales ciudades del país (La Paz y El Alto fueron incluso militarizadas por el gobierno), donde el clima era, prácticamente, de abierta insurrección. Ante esta situación, que produjo escisiones en el ejecutivo, Sánchez de Lozada dimitió el 17 de octubre. Fue sustituido en la presidencia de la República por el vicepresidente, Carlos Mesa, quien formó un gabinete integrado por políticos no adscritos a partido alguno, con la intención de poner fin al conflicto y alcanzar la reconciliación nacional.

6.6

Acontecimientos recientes

Mesa se comprometió a convocar un referéndum sobre la futura política energética nacional. En esta consulta vinculante, celebrada el 18 de julio de 2004, los ciudadanos contestaron a cinco cuestiones: abrogación de la Ley de Hidrocarburos promulgada por Sánchez de Lozada; recuperación de la propiedad pública de todos los hidrocarburos en boca de pozo; refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; utilización estratégica del gas para lograr una salida soberana al océano Pacífico; exportación de gas (siempre que quedara garantizado el consumo interno, fomentara la industrialización, y los recursos generados se destinaran al desarrollo social). Los resultados otorgaron de forma mayoritaria el “sí” a todas ellas, lo que respaldaba la política del nuevo gobierno. Sin embargo, en octubre de ese año, mineros y campesinos se concentraron en La Paz y su presión fue determinante para que la Cámara de Diputados diera su visto bueno al borrador de una nueva Ley de Hidrocarburos cuyo contenido no aprobaba el gobierno sino que, por el contrario, satisfacía las demandas de Evo Morales y del MAS, así como de la Central Obrera Boliviana. En las elecciones municipales de diciembre de 2004, los movimientos ciudadanos y las agrupaciones indígenas, así como el MAS, lograron magníficos resultados, en detrimento de los grandes partidos tradicionales, cuya credibilidad daba manifiestas muestras de deterioro.

En enero de 2005, se produjeron importantes manifestaciones contra un decreto gubernamental que implicaba el incremento del precio de los combustibles. Las protestas alcanzaron especial gravedad en Santa Cruz, donde el denominado Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidido por Rubén Costas y del que formaban parte empresarios, sectores sindicales y alcaldes, se constituyó en cabildo y anunció la inmediata elección de una Asamblea que propiciara el autogobierno departamental. Costas proclamó la autonomía y anunció que el Comité convocaría elecciones para nuevo prefecto y un referéndum que materializara la configuración de Santa Cruz como estado autonómico. El 7 de marzo siguiente, ante la grave y ramificada crisis que vivía el país, Mesa ofreció su dimisión al Congreso. La cámara no aceptó su renuncia y además, con los votos en contra del MAS, aprobó el proyecto presidencial para alcanzar un gran pacto social entre las principales fuerzas políticas y poner fin a la inestabilidad reinante. Entre los puntos del acuerdo se encontraban la negociación de la Ley de Hidrocarburos, así como la celebración de comicios para prefectos departamentales y para elegir una Asamblea Constituyente, y de un referéndum sobre la posible implantación de un Estado autonómico. Durante ese mismo mes, la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos, que establecía que las empresas petroleras extranjeras deberían pagar un 18% de regalías y un 32% de impuestos directos, solución a medio camino entre la reclamación de Morales (50% de regalías) y la propuesta de Mesa (que, considerando fundamental la inversión extranjera, era partidario de respetar los contratos ya firmados con firmas privadas del exterior).

La Ley de Hidrocarburos, promulgada en mayo de 2005, siguió pareciendo insuficiente a las organizaciones de indígenas, campesinos y mineros, en tanto que los empresarios y los inversores extranjeros la consideraban excesivamente gravosa. Las manifestaciones y bloqueos reaparecieron con fuerza a finales de ese mes. Las reivindicaciones populares, guiadas principalmente por el MAS, la Central Obrera Boliviana (COB, liderada por Jaime Solares), las juntas vecinales de El Alto (con Abel Mamani al frente) y el Movimiento Indígena Pachakuti de Felipe Quispe, se centraban en luchar contra la Ley de Hidrocarburos (Morales pedía su endurecimiento, mientras que la COB y los representantes de El Alto reclamaban la nacionalización del sector) y en frenar los procesos autonomistas unilaterales de Santa Cruz y Tarija. En los primeros días de junio, Mesa convocó para el 16 de octubre elecciones para una Asamblea Constituyente y un referéndum autonómico; pero las antagónicas posturas de las organizaciones populares del Altiplano y de los departamentos orientales se radicalizaron, y Mesa dimitió, siendo sustituido el día 9 de ese mes por Eduardo Rodríguez, presidente de la Corte Suprema. Para entonces, la situación era tan crítica que el Congreso se había tenido que trasladar a Sucre.

Finalmente, el nuevo presidente convocó para el siguiente 18 de diciembre elecciones presidenciales, legislativas y regionales (por primera vez, los ciudadanos de los departamentos elegirían de forma directa a sus prefectos). En las primeras, la victoria fue para Evo Morales, candidato del MAS, que logró el 53,7% de los votos (su principal oponente, el ex presidente Quiroga, por Poder Democrático y Social, Podemos, recabó el 28,6%). En las legislativas, el MAS obtuvo 72 escaños en la Cámara de Diputados (Podemos consiguió 43; Unidad Nacional, 8; y el MNR, 7). Sin embargo, en la cámara alta, Podemos (cuyos candidatos también se hicieron con la mayor parte de los gobiernos departamentales) consiguió 13 senadores (MAS 12, y Unidad Nacional y el MNR, uno cada uno). Ya como presidente electo, y antes de su investidura, que se produjo el 22 de enero de 2006, Morales visitó diversos países, manteniendo entrevistas, entre otros, con Fidel Castro y Hugo Chávez, y sellando con Cuba y Venezuela sendos acuerdos de cooperación mutua. Durante la campaña electoral, Morales, acompañado en su candidatura por el sociólogo Álvaro García Linera, quien habría de ser su vicepresidente, había efectuado una serie de promesas básicas entre las que se contaban la “refundación” del Estado boliviano (a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente en 2006); la liquidación de las políticas neoliberales; el antiimperialismo; la nacionalización de recursos naturales, como los yacimientos de gas y petróleo, incidiendo en que ello no supondría la confiscación o expropiación de bienes de empresas extranjeras, sino la recuperación por parte del Estado del control de la producción y comercialización; y la despenalización del cultivo de la hoja de coca, hecho que insistió en que no debería ser interpretado como laxitud en la lucha para erradicar el narcotráfico de cocaína.

Poco después de su acceso al poder, Morales convocó para el siguiente mes de julio elecciones para una Asamblea Constituyente y un referéndum sobre la posible implantación de un sistema autonómico. Asimismo, en abril de 2006, el nuevo presidente se reunió con Castro y Chávez en La Habana para firmar el denominado Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) a la que Bolivia quedaba incorporada. El 1 de mayo, Morales hizo público el Decreto Supremo de nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, cuya posesión y control pasaban a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la entidad pública responsable de su explotación, producción y comercialización. Las empresas extranjeras que acatasen el decreto podrían proseguir sus actividades, que quedarían regularizadas por medio de nuevos contratos negociados antes de seis meses. Parecida orientación tuvieron siete decretos sobre la tierra emitidos en junio que se contemplaban como pasos previos para una ulterior revolución agraria que implicaría la nacionalización de tierras improductivas y su posterior distribución entre los agricultores menos favorecidos. El 2 de julio, según lo previsto, se celebraron las elecciones para la Asamblea Constituyente y el referéndum sobre la cuestión autonómica. En las primeras, el MAS logró 134 escaños, que suponían mayoría absoluta pero no alcanzaban los dos tercios de la cámara necesarios para no tener que pactar con otras fuerzas la aprobación del futuro texto constitucional. Por lo que respecta al referéndum para que la nueva Constitución pudiera implantar un Estado autonómico, los cuatro departamentos orientales (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) se mostraron partidarios, en tanto que los cinco occidentales (La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca) manifestaron su oposición; los resultados globales fueron del 56% para el ‘no’ y del 44% para el ‘sí’.