Irak

6.14

Fin del régimen de Saddam Husayn

En octubre de 2002 un nuevo referéndum ratificó a Husayn para permanecer durante siete años más al frente del Estado. Para celebrar tal hecho, Husayn decretó una amnistía absoluta. Estos acontecimientos sucedían cuando en el ambiente flotaba la inminencia de una nueva crisis. Durante ese año, el presidente estadounidense, George W. Bush, había insistido en que Irak debía demostrar que, tal y como le obligaban las sucesivas resoluciones de la ONU (la primera de las cuales, la 687, se remontaba a 1991, cuando finalizó la guerra del Golfo Pérsico), había destruido sus armas de tipo químico, biológico o nuclear. En noviembre de 2002, tras meses de fuertes presiones, Bagdad aceptó cumplir el contenido de una nueva resolución de la ONU, la 1.441, que ordenaba el inmediato retorno a suelo iraquí de los observadores de la Unmovic. A comienzos de 2003, el gobierno de Bush denunció que el régimen de Husayn estaba violando dicha resolución, en tanto que no colaboraba de forma satisfactoria con el equipo de inspectores, y que continuaba ocultando armas químicas y biológicas. Con el apoyo de Reino Unido y otros países, Estados Unidos fue concentrando fuerzas militares en el golfo Pérsico, preparando la que podía ser una nueva guerra contra Irak. Muchos otros estados (entre ellos, Francia, Alemania, Rusia y China) se opusieron con firmeza a esta última posibilidad, considerando que debía darse más tiempo a las inspecciones y prolongar mientras fuera posible la vía diplomática. Ante la imposibilidad de alcanzar el consenso en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a una acción militar, una coalición internacional dirigida por Estados Unidos invadió Irak en marzo de 2003, con los objetivos de derrocar a Husayn y destruir los arsenales de armamento prohibido que existieran en su territorio. A mediados del mes siguiente, Bagdad y las principales ciudades del país habían sido tomadas por las fuerzas aliadas, poniendo fin al régimen de Husayn, cuyo paradero pasó a ser desconocido.

6.15

Acontecimientos recientes

Estados Unidos y los demás países de la coalición iniciaron entonces el proceso de reconstrucción de Irak, tanto material como institucional (esto último implicaba la próxima formación de un gobierno provisional iraquí). Para ello se estableció primeramente la Oficina de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria, dirigida por el estadounidense Jay Garner, y poco después, la Autoridad Provisional de la Coalición, al frente de la cual estaba su compatriota Paul Bremer, que le sustituyó como administrador civil.

En mayo de 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió su resolución 1.483, que ponía fin a las sanciones económicas que Irak sufría desde hacía 13 años (persistiría el embargo de armas) y que confería plena autoridad en el país a Estados Unidos y Reino Unido hasta que Irak recuperase, después de crear nuevas instituciones libres y democráticas, plena soberanía y capacidad de autogobierno. Para informar al Consejo de Seguridad del proceso de reconstrucción, se creaba la figura del representante especial de la ONU (puesto que recaería en el brasileño Sergio Vieira de Mello). Durante ese mismo mes, la Oficina encabezada por Bremer dispuso dos significativas medidas: la prohibición para que los miembros del Baaz formaran parte de cualquier organismo de las nuevas estructuras de poder, y la desintegración del Ejército y de los distintos aparatos de seguridad del régimen de Husayn.

En julio, durante este proceso de normalización, quedó constituido el Consejo de Gobierno, gabinete de transición que habría de convertir a Irak en un Estado democrático (entre sus principales misiones estaban la redacción de una Constitución y la convocatoria de elecciones libres). Este órgano (tutelado provisionalmente por Estados Unidos) nació compuesto por 25 miembros, que representaban a las principales etnias y creencias del país (13 chiitas, cinco suníes, cinco kurdos, un cristiano y una turcomana). Por lo que respecta a lo ideológico, en el Consejo estaban presentes, entre otros, los siguientes grupos: Asamblea Suprema para la Revolución Islámica en Irak; Partido Islámico al Dawa; Partido Islámico Iraquí; Partido Democrático Nacional; Demócratas Independientes; Congreso Nacional Iraquí; Partido Comunista de Irak; Unión Patriótica del Kurdistán, y Partido Democrático del Kurdistán. La presidencia del Consejo de Gobierno estaría integrada por nueve miembros, cada uno de los cuales desempeñaría, con carácter rotatorio mensual, su dirección. Su primer presidente fue Ibrahim al Yafari, líder de Al Dawa.

No obstante, estos primeros pasos dados para procurar la estabilización se produjeron de forma simultánea a numerosos episodios de violencia. Así, por ejemplo, en agosto, un atentado perpetrado contra la sede de la ONU en Bagdad ocasionó más de 20 víctimas mortales (entre ellas, Sergio Vieira de Mello); durante ese mismo mes, un nuevo atentado, esta vez en Najaf, acabó con la vida de casi 100 personas (una de las más significadas, el ayatolá Muhammad Baquer al Hakim, personaje de gran ascendencia en la comunidad chiita iraquí y líder de la Asamblea Suprema para la Revolución Islámica en Irak); en septiembre, una integrante del Consejo de Gobierno, Akila al-Hashemi, fue asesinada; el 27 de octubre, cinco coches bomba estallaron en Bagdad, causando en un primer momento más de 35 muertos y 200 heridos. Esta última cadena de atentados tuvo lugar pocos días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase por unanimidad la resolución 1.511, que legitimaba la presencia de una fuerza multinacional, bajo mando estadounidense, para mantener la paz. También durante ese mes de octubre se celebró en Madrid (España) la denominada Conferencia de Donantes, en la que se perfiló el programa de financiación de la reconstrucción iraquí. En el mes de noviembre, 19 italianos murieron en un nuevo atentado suicida, y siete miembros del Centro Nacional de Inteligencia español fueron asesinados en una emboscada; estos hechos, así como otros muchos marcados por la sangre, hacían que la pacificación y la normalización del país parecieran aún lejanas.

En diciembre de 2003, fuerzas estadounidenses capturaron a Saddam Husayn en un minúsculo habitáculo subterráneo de una granja cercana a Tikrīt. Las autoridades interinas iraquíes se comprometieron a procesarlo por crímenes contra la humanidad.

En marzo de 2004, el Consejo de Gobierno iraquí aprobó una Ley Fundamental Transitoria para el país. Esta Constitución provisional, que garantizaba los derechos individuales, como la libertad de expresión y religiosa, se consideró una de las más democráticas de la región. Por su parte, Estados Unidos fijó para junio de 2004 la transferencia de soberanía al Consejo de Gobierno. La Constitución provisional contemplaba la celebración de elecciones, en enero de 2005, para conformar una Asamblea Nacional constituyente.

En abril de 2004, la situación se agravó, hasta el punto de convertirse en el mes más violento de la posguerra, y se multiplicaron los enfrentamientos de las fuerzas de la coalición internacional con la resistencia suní, así como con las milicias chiitas radicales de Múqtada al-Sáder.

El 1 de junio de 2004, el Consejo de Gobierno anunció su autodisolución y la formación de un Gobierno provisional. Al frente de este nuevo ejecutivo se encontraba, en calidad de primer ministro, el chiita Iyad Allawi; por su parte, el suní Ghazi al-Yawar ejercería la presidencia del país. El día 28 de ese mismo mes, Bremer disolvió la Autoridad Provisional de la Coalición, efectuando formalmente la transferencia de la soberanía al nuevo Gobierno provisional, que debería conducir al país durante el subsiguiente proceso de transición. Sin embargo, las fuerzas militares de la coalición permanecerían en territorio iraquí.

En agosto de 2004, el camino que debía conducir a la celebración de elecciones dio un nuevo paso con la conformación de la denominada Conferencia Nacional, asamblea de la que emanaría un Parlamento provisional de 100 miembros que tendría capacidad legislativa y de control sobre el ejecutivo interino, y que debería colaborar con él en la preparación de los comicios. Sin embargo, la vida iraquí durante estos momentos de transición siguió caracterizada por la simultaneidad de estos pasos institucionales con la continuidad de la violencia. Esta última tuvo dos de sus principales puntos de crisis, en ambos casos por el rechazo al control de Estados Unidos, en la ya citada rebelión radical chiita de Al-Sáder en Najaf (sofocada tras la mediación del gran ayatolá Alí al Sistani) y en la insurgencia del denominado ‘triángulo suní’ (con epicentro en Fallujah, ciudad en la que adquirieron gran virulencia los combates con las fuerzas estadounidenses). Los atentados terroristas persistieron y así, por ejemplo, el 4 de enero de 2005, fue asesinado Alí al Ahaidari, gobernador de Bagdad.

Finalmente, el 30 de enero de 2005, se celebraron las esperadas elecciones legislativas, pese a la oposición suní, que solicitó reiteradamente su aplazamiento y, posteriormente, las boicoteó (así hizo, por ejemplo, su formación más representativa, el Partido Islámico Iraquí). La victoria fue para la Alianza Unida Iraquí, que obtuvo 140 escaños. Esta coalición de partidos confesionales chiitas (entre ellos, el Partido Islámico al Dawa, la Asamblea Suprema para la Revolución Islámica en Irak, y el Congreso Nacional Iraquí), conformada gracias a la figura de Alí al Sistani, se había comprometido durante la campaña a formar un gobierno de carácter laico que redujera el peso de lo religioso en lo político. En segundo lugar quedó la Lista Unida Kurda (plataforma de los principales grupos kurdos, encabezada por la Unión Patriótica del Kurdistán y el Partido Democrático del Kurdistán), que ganó 75 diputados, consolidando así sus aspiraciones de tener un peso importante en la construcción del nuevo país, para el que pretendía una Constitución federalista que garantizara un amplio autogobierno a los kurdos. La Lista Iraquí (grupo laico chiita del primer ministro, Iyad Allawi) alcanzó 40 escaños, y Los Iraquíes, la lista suní del presidente, Ghazi al-Yawar, 5. A partir de ese momento, los 275 diputados de la nueva Asamblea Nacional Transitoria deberían elegir al presidente y vicepresidentes del país (que, a su vez, designarían al primer ministro) y redactar una Constitución definitiva. Tras el más terrible atentado perpetrado desde el derrocamiento de Husayn (el 28 de febrero, más de 125 personas perdieron la vida en la ciudad de Hilla como resultado de un ataque suicida), el primero de dichos cometidos se vio materializado el 6 de abril de ese año 2005, cuando Jalal Talabani, de la Unión Patriótica del Kurdistán, resultó electo presidente por la cámara (convirtiéndose en el primer kurdo que desempeñaría la jefatura del Estado iraquí); sus vicepresidentes serían Ghazi al-Yawar y el chiita Adel Abdul Mahdí (hasta entonces ministro de Finanzas); por su parte, el cargo de primer ministro recaería en el chiita Ibrahim al Yafari (de Al Dawa).

La redacción del borrador de la que habría de ser definitiva Carta Magna iraquí reavivó las diferencias entre los principales grupos del país; los puntos más problemáticos fueron la delimitación de funciones del presidente, del primer ministro y del Parlamento, y, muy especialmente, la definición del modelo de Estado (los suníes se oponían al modelo federal al que aspiraban gran parte de los chiitas y, sobre todo, la población kurda) y el peso que habría de tener el islam en el mismo (las posiciones kurdas eran partidarias de laicizar el futuro Estado). De forma paralela a este enconado proceso, Irak siguió atenazado por los continuos atentados de la insurgencia (el 31 de agosto de 2005, más de 1.000 personas perdieron la vida en una peregrinación chiita en la capital, al desatarse el pánico por el rumor de que terroristas suicidas iban a perpetrar una de sus acciones). Finalmente, el debatido texto del proyecto constitucional fue sometido a referéndum el 15 de octubre de ese año 2005, recibiendo el ‘sí’ por parte de algo más del 78% de los electores, que respaldaron de esta forma la fórmula consensuada por chiitas y kurdos (Estado republicano, parlamentario, democrático y federal; reconocimiento de la pluralidad nacional, confesional y cultural del país; definición del islam como religión oficial del Estado y una fuente básica de legislación), a la que se oponía la minoría suní.

Una vez aprobada la Constitución, el 15 de diciembre de 2005 se celebraron elecciones legislativas para conformar, en virtud de aquella, una nueva cámara legislativa y un nuevo gobierno. Al igual que en enero de ese año, la formación más votada fue la coalición chiita Alianza Unida Iraquí (a la que ahora se habían sumado los seguidores de Múqtada al-Sáder), que tendría 128 de los 275 escaños de la Asamblea Nacional. Asimismo, y del mismo modo que 11 meses antes, en segundo lugar quedó la coalición de los principales partidos kurdos (en esta ocasión presentada bajo la denominación electoral de Alianza Kurda), que se hizo con 53 escaños. Por su parte, los suníes sí concurrieron en esta ocasión a las urnas, obteniendo 44 diputados el Frente del Acuerdo Iraquí (aglutinado en torno al Partido Islámico de Irak), y 11 el Frente Iraquí del Diálogo Nacional (compuesto básicamente por el Frente Nacional Iraquí y el Frente Democrático Árabe). A partir de ese momento, Jalal Talabani inició las negociaciones para formar un gobierno de unidad nacional; en esta tarea, adquiría una especial importancia el hecho de poder incorporar a los suníes a la normalización institucional del país. Un hecho vino a enturbiar este difícil proceso: el 22 de febrero de 2006, un atentado destruyó en Sāmarrā la cúpula dorada de la mezquita de Al Askari, uno de los principales santuarios de los chiitas iraquíes. Las represalias contra los suníes se desataron de inmediato, iniciándose una gravísima espiral de violencia entre ambas comunidades religiosas. Finalmente, en abril de 2006, la Asamblea Nacional reeligió como presidente del país a Talabani, el cual, poco después, encomendó la formación de ejecutivo al chiita Nuri al Maliki. En junio, quedó constituido completamente el nuevo gobierno de unidad nacional del país. Antes de que finalizara ese año 2006, el 30 de diciembre, Saddam Husayn fue ejecutado en la horca, en Bagdad, en cumplimiento de una sentencia del Alto Tribunal que le juzgó y condenó a la pena capital por la muerte de 148 chiitas en la aldea de Dujail en 1982. El inmediato recrudecimiento de la violencia tuvo uno de sus más trágicos momentos el 22 de enero de 2007, cuando un doble atentado con coches bombas en Bagdad segó la vida de más de un centenar de personas.