Asilo político

Asilo político, refugio o amparo, utilizado en la mayoría de los casos en un sentido legal o social. En el pasado, criminales y deudores buscaban refugio, ya fuera de la venganza de sus víctimas o de la ley, en una iglesia o en otra zona protegida que tuviera una legislación autónoma respecto a la propia del Estado. El asilo para locos o manicomio era el edificio en el que se recluía y hospitalizaba a personas con enfermedades mentales, en apariencia para su propia protección. En época reciente, en función del principio de extraterritorialidad, las embajadas han sido también consideradas como refugios. Durante la Guerra fría, y en aquellos países con sistemas dictatoriales, éstas eran a menudo el primer paso a tomar en la búsqueda de protección por parte de una potencia extranjera para quienes intentaban escapar de la opresión, huyendo por lo general a Occidente. Al llegar al país escogido, un disidente podía solicitar asilo político. Si se lo concedían, podía ser protegido por las leyes del país en cuestión, quedando libre de la amenaza de extradición al país de origen.

La noción de asilo político está muy vinculada con el pensamiento universalista de libertades y derechos humanos. En la práctica, cuando un Estado concede asilo político al ciudadano de otro país, la decisión constituye un juicio de valor basado en la calidad del sistema del Estado originario, y representa una negación del derecho soberano de ese Estado a gobernar a sus ciudadanos.

En la historia reciente de España y América Latina se registran acontecimientos relacionados con el asilo político, como sucedió en la Guerra Civil española y en la época de las dictaduras políticas en América Central y del Sur. Hay países, como México, que han mantenido una permanente política de asilo, frente a cualquier presión exterior. En 1939, México abrió sus puertas al asilo político de veinte mil exiliados españoles, que huían del régimen del general Francisco Franco y, a lo largo del siglo, a los latinoamericanos que salieron de sus países (Guatemala, Argentina, Chile, Venezuela, Perú, etc.) tratando de librarse de las dictaduras.

Por consiguiente, la concesión de asilo plantea a menudo una delicada situación diplomática. Se intenta distinguir entre refugiados políticos y disidentes, susceptibles de recibir asilo, y criminales, a los que se les negaría en cualquier caso. Se podría proporcionar protección asimismo a personas desplazadas que huyen de una guerra, aunque sólo hasta que la repatriación pueda llevarse a cabo de manera segura. Existen también refugiados económicos o inmigrantes indocumentados. Los refugiados económicos, que no son ni disidentes políticos ni criminales, sólo buscan una mejora de su calidad de vida. No obstante, dado que la mayoría de los gobiernos consideran la migración a gran escala procedente de áreas de pobreza como algo desestabilizador, se podría negar la entrada a estas personas, aduciendo que las condiciones deberían mejorarse en sus lugares de origen mediante la concesión de ayudas exteriores económicas.