Economía de libre mercado

Economía de libre mercado, modelo económico según el cual, con la excepción de determinadas actividades consideradas propias del Estado (como la defensa nacional, la promulgación de leyes o el mantenimiento del orden público), todas las actividades y transacciones económicas dependen exclusivamente de la libre iniciativa de los individuos. Una economía de libre mercado es aquella que genera un entorno en el que los individuos son libres de intentar alcanzar sus objetivos económicos en la forma que consideren más adecuada, sin la intervención del Gobierno. En este contexto económico, los individuos toman con libertad decisiones sobre su empleo, la utilización de su capital y el destino de sus recursos; por ejemplo, cómo distribuyen sus ingresos entre ahorro y consumo o cómo distribuyen su consumo entre los distintos bienes disponibles. Pero existen ciertos aspectos relativos al funcionamiento de la economía de mercado que siguen siendo polémicos.

En primer lugar, existe cierta controversia en torno a qué actividades deben dejarse en manos del Estado y cuáles pueden adjudicarse a la iniciativa privada. Así, se suele defender que, puesto que el derecho a la vida, a la libertad y a la protección ante el ataque de un conciudadano es un derecho fundamental, no debe caer en manos del mercado su protección: el derecho a la seguridad y al orden público no deberían depender de la capacidad adquisitiva del individuo. Además, hasta cierto punto los servicios de la ley y el orden constituyen un bien público ‘puro’, en el sentido de que si una patrulla policial ronda un barrio para evitar robos, protegerá todas las viviendas por el mismo precio, sin tener que incurrir en nuevos costes por el hecho de que se construya una nueva vivienda. No obstante, existen muchas empresas privadas de seguridad y algunos individuos incurren en elevados gastos para garantizar su protección. Un guarda de seguridad contratado por un banco no tiene por qué evitar que se asalte a una anciana en la esquina de la calle. Por lo tanto, es difícil establecer una línea divisoria entre las actividades que deben dejarse en manos del sector público y aquéllas que pueden confiarse a las fuerzas del mercado. En los últimos años se asiste a una rápida proliferación de servicios de seguridad privados —en algunos casos, pequeños ejércitos— que, en opinión de múltiples autores, podría conducir a la extinción de uno de los rasgos fundamentales del Estado-nación: el monopolio de la violencia.

De forma semejante, en muchos países se acepta que los derechos humanos —por ejemplo, el derecho a la vida y, por tanto, a una sanidad pública mínima— requieran que el Estado complemente los servicios sanitarios privados. Se pueden adoptar argumentos similares para defender la educación pública y otro tipo de servicios parecidos. En muchos países que se clasifican como economías de libre mercado el Estado asume numerosas actividades, como el transporte ferroviario, los servicios postales o las concesiones públicas. Incluso en los países donde estos servicios los desempeñan empresas del sector privado se juzga necesaria cierta reglamentación por parte del sector público para evitar que se formen monopolios naturales.

En segundo lugar, incluso cuando las actividades económicas las realizan empresas del sector privado suele existir cierta reglamentación pública. La mayor parte de esta regulación responde con frecuencia a consideraciones de tipo político y filosófico sobre la necesidad de restringir la libertad de los individuos cuando dicha libertad derive en una menor libertad de los demás, es decir, que la libertad de un individuo acaba donde empieza la de otro. Así, por ejemplo, la libertad económica está restringida por leyes que refuerzan las cláusulas de los contratos. En otras palabras, se acepta que en el contexto en el que opera una economía de libre mercado existen regulaciones legales.

Sin embargo, la regulación gubernamental suele ir más lejos, porque puede existir cierto intercambio desigual entre el ejercicio de la libertad y otros derechos fundamentales. Por ejemplo, las regulaciones que restringen la libertad de las empresas para utilizar mano de obra infantil o esclavos, o la emisión de gases tóxicos a la atmósfera o a los ríos, o la venta de productos peligrosos (violando el supuesto de que el consumidor siempre sabe lo que es mejor para él). Así, los distintos puntos de vista sobre el alcance de la intervención del Estado (en defensa, seguridad, orden público, sanidad y educación, entre otros) y el alcance de la regulación por parte del Estado del sector público implican que no existe una definición exacta de lo que es o debiera ser una economía de mercado. Pero también existen fuertes discrepancias sobre los efectos benéficos de una economía de esta índole.

La tradición política occidental establece que la mejor sociedad es aquélla en la que el individuo se responsabiliza de sus propios actos, lo que implica que debe tener la máxima libertad posible para poder tomar decisiones económicas. Supone además que la libertad económica es esencial para que exista libertad política. También se piensa que las economías de mercado son más rentables en términos económicos, pues los mercados crean incentivos para que las personas asignen sus recursos (como el trabajo y el capital) entre las distintas actividades posibles, y también incentiva a los empresarios para que produzcan los bienes y servicios que demandan los consumidores y para que utilicen las técnicas de producción más eficientes. La experiencia de las últimas décadas, sobre todo la caída de los regímenes comunistas del bloque soviético, ha demostrado los efectos negativos de una excesiva intervención del Estado.

Al mismo tiempo, se puede alegar en contra de las economías de mercado que la distribución de la renta que genera este sistema puede ser injusta, pues ni siquiera puede evitar la extrema pobreza. También permiten la acumulación de mucha riqueza y poder en unas pocas manos, con amenaza de la libertad política. Por ello, la existencia de economías de mercado no debe hacer olvidar valores sociales básicos y la defensa de la libertad política.