Guerra Civil española

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Introducción

Guerra Civil española, conflicto bélico que dio comienzo en julio de 1936, a raíz de la sublevación de un sector del Ejército contra el gobierno de la II República española, y que concluyó el 1 de abril de 1939 con la victoria de los rebeldes. El triunfo de éstos permitió la instauración de un régimen dictatorial encabezado por el general Francisco Franco, principal dirigente militar y político de los sublevados, que sustituyó al sistema parlamentario republicano.

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Cuestiones terminológicas

Aunque para definir el conflicto se prefiere, sobre todo desde la década de 1960, la denominación “guerra civil”, ésta no fue la única utilizada por la reciente historiografía española o por los propios combatientes. También recibió otros nombres: movimiento cívico militar, Cruzada, guerra de tres años, guerra nacional y revolucionaria del pueblo español, entre otros. Son nombres todos ellos que ocultan el 'enfrentamiento de dos entusiasmos' al que se refirió el historiador británico Raymond Carr. Esos nombres esconden dos concepciones en cierto modo ya presentes en los resultados de las elecciones celebradas en febrero de 1936 —que supusieron el triunfo, por un corto número de votos, de la coalición de izquierdas agrupada en el Frente Popular— y que se venían gestando desde la proclamación de la II República en abril de 1931.

Ningún acontecimiento como éste repercutió tanto en la opinión internacional hasta entonces, convirtiéndose en uno de los episodios históricos que ha dado lugar a un mayor número de publicaciones. La 'guerra de tinta', en expresión del historiador y diplomático español Salvador de Madariaga, fue desde el principio una guerra de propaganda con dos tipos de valoraciones propiciadas desde los dos bandos participantes en la contienda. La muy distinta versión informativa que expresaba un mismo periódico editado en ambas zonas —la cabecera del diario ABC, que aparecía al tiempo en el Madrid republicano y en la Sevilla dominada por los sublevados— puede servir como ejemplo de la ruptura o enfrentamiento nacional existente. Otro tanto cabe decir de las revistas culturales —antifascistas y azules, respectivamente— publicadas durante el trienio, sin olvidar las manifestaciones del teatro, del cine y del cartelismo, así como los símbolos, consignas y mensajes difundidos durante el conflicto y después de su conclusión.

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De los tres días de julio a la guerra larga

Desde el primer momento, el territorio nacional quedó dividido en dos zonas en función del éxito que obtuvieron los militares sublevados. Prácticamente se reproducía el mapa resultante de las elecciones de febrero de 1936; salvo casos aislados, los militares triunfaron en aquellas provincias donde fueron más votadas las candidaturas de derechas, mientras que fracasaron en aquellas donde la victoria electoral correspondió al Frente Popular. El “Alzamiento” (nombre dado por los rebeldes a su levantamiento contra el gobierno constitucional republicano) comenzó el 17 de julio en la ciudad norteafricana de Melilla. Las unidades militares destacadas en Marruecos que no controlaba el gobierno republicano se hicieron pocas horas después con Tetuán y Ceuta. El general Francisco Franco partió el día 18 desde las islas Canarias hacia Tetuán, en una avioneta privada (Dragon Rapide). Ese mismo día se sublevaron los mandos militares de otras divisiones peninsulares; sin embargo, el levantamiento fracasó en las principales ciudades del país. Por otro lado, el 20 de julio de ese mismo año, recién comenzada la sublevación, falleció en un accidente de aviación el que había sido designado por los conspiradores jefe de la rebelión, el general José Sanjurjo.

Desde el día 18, ni el gobierno ni los rebeldes controlaban la totalidad del país. En un principio, la sublevación dejó en manos de los rebeldes Galicia, Navarra, Álava, el oeste de Aragón, las islas Baleares (excepto Menorca) y las Canarias, así como la zona del protectorado español sobre Marruecos, buena parte del territorio de lo que hoy es la comunidad autónoma de Castilla y León, casi toda la provincia de Cáceres y algunas poblaciones de Andalucía. El gobierno republicano conservaba casi toda Andalucía, el País Vasco (salvo Álava), Asturias (excepto la ciudad de Oviedo) y Cataluña, así como la isla balear de Menorca y los territorios de las actuales comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Conforme avanzó la contienda, el poder republicano perdió zonas que, desde finales de marzo de 1939, pasaron íntegras a disposición del Ejército franquista.

De cualquier forma, el comienzo de la guerra estuvo vinculado al plan establecido previamente por los conspiradores en la primavera de 1936 y en el que participaron mandos militares —la antirrepublicana Unión Militar Española (UME) y la Junta de generales (de la que Emilio Mola era el coordinador)— monárquicos, tradicionalistas (carlistas) y otros sectores de extrema derecha. El asesinato de José Calvo Sotelo, líder del derechista Bloque Nacional y participante activo en la conspiración contra el gobierno, que tuvo lugar la noche del 12 al 13 de julio, fue el episodio previo al pronunciamiento militar.

Pronto pudo comprobarse que el plan conspirador había fracasado y que el pretendido pronunciamiento decimonónico se convertiría en una guerra larga y cruel de tres años. Durante este trienio las operaciones militares permitieron establecer un desarrollo cronológico, a partir del paso del estrecho de Gibraltar por las tropas del Ejército de África mandadas por el general Franco (julio-agosto de 1936), con tres fases principales. La primera muestra la importancia que ambos bandos otorgaron a la ocupación de Madrid, ciudad que, en consecuencia, pronto fue motivo de asedio por las tropas insurrectas (dando lugar a la conocida como batalla de Madrid). La estrategia de los sublevados, que pretendía acceder a la capital desde el norte y desde el sur, fracasó. Una acción importante en esta primera fase, que en seguida quedaría en el elenco de “mitos” de la contienda, fue la liberación de los rebeldes asediados en el Alcázar de Toledo (28 de septiembre de 1936), defendido desde el 22 de julio por el coronel José Moscardó ante el acoso de las tropas republicanas. Contando con las fuerzas de África, así como con la ayuda alemana e italiana, Franco había avanzado previamente sobre Andalucía y conseguido ocupar en agosto las plazas extremeñas de Mérida y Badajoz, enlazando de esta manera con los sublevados del norte a lo largo de la frontera portuguesa. Mola, a su vez, había logrado cortar la frontera francesa al ocupar la ciudad guipuzcoana de Irún a principios de septiembre.

La segunda fase no abandonó la marcha sobre Madrid. Pero la batalla de Guadalajara (finales de marzo de 1937) se saldó con el éxito republicano, que tuvo presente el plan de ofensiva previsto por el general José Miaja contra las tropas enviadas por Italia. Los alzados decidieron entonces centrar sus principales operaciones en el norte. Con el apoyo decisivo de la aviación integrada en la Legión Cóndor alemana, que realizó una salvaje agresión a la localidad vizcaína de Guernica (26 de abril de 1937), las tropas rebeldes rompieron las defensas de Bilbao (el llamado “cinturón de hierro”) el 19 de junio de 1937, pocos días más tarde del fallecimiento del general Mola en accidente de aviación. En agosto (un mes después de obtener la victoria en la batalla de Brunete), esas mismas tropas entraron en Santander y, en octubre, tomaron las ciudades asturianas de Gijón y Avilés, con lo que los rebeldes completaban la última etapa de la ocupación de la zona norte.

A partir de finales de 1937 comenzó la tercera fase. Los republicanos, siguiendo los planes del general Vicente Rojo, conquistaron en enero de 1938 Teruel, ciudad que no obstante perdieron al mes siguiente. En julio de ese año comenzó la dura y decisiva batalla del Ebro, en la que la derrota del Ejército republicano (noviembre de 1938) dejó despejada la ruta para el avance de los sublevados hacia Cataluña. En los últimos días de enero de 1939, las tropas franquistas se instalaron en Barcelona, para avanzar en fechas sucesivas hacia la frontera francesa y ocupar los pasos desde Puigcerdá hasta Portbou (Girona). La ofensiva final (febrero-marzo de 1939) tuvo por objeto quebrantar las posiciones republicanas todavía pendientes, situadas en la zona centro y en el sur peninsular. A principios de marzo de ese año fracasó el criterio de mantener la resistencia defendido por el presidente del gobierno republicano, Juan Negrín, debido a la creación en Madrid del Consejo Nacional de Defensa. Este organismo, que encabezó el jefe del Ejército del Centro, el coronel Segismundo Casado, destituyó a Negrín y procuró alcanzar una paz honrosa con el gobierno franquista de Burgos después de hacerse con el control de Madrid mediante un cruento enfrentamiento entre las propias tropas republicanas. Sin embargo, no prosperaron sus gestiones encaminadas a lograr una paz acordada. Las tropas franquistas entraron en Madrid el 28 de marzo. Tres días más tarde, el gobierno republicano perdió las últimas plazas todavía fieles. El 1 de abril la guerra había terminado, no así las represalias.

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Desarrollo político de la contienda

Si toda guerra reclama prestar atención a los “hechos de armas”, necesariamente conviene asimismo atender al entramado político que determinó las actuaciones de cada bando. Mucho más si, situados en el final del conflicto, tenemos en cuenta la agonía de la experiencia republicana y el proceso que se inició de forma inmediata tras el estallido de la guerra y que permitió la implantación de un nuevo Estado dirigido por el general Franco.

Por parte del gobierno republicano, la jefatura pasó sucesivamente de manos del azañista y dirigente de Izquierda Republicana, José Giral (19 de julio de 1936), a Francisco Largo Caballero (5 de septiembre de 1936) y de éste a Juan Negrín (desde el 18 de mayo de 1937 hasta el final de la guerra) —los dos últimos pertenecientes al Partido Socialista Obrero Español (PSOE)—, en lo que bien puede definirse como una pugna entre dos prioridades: desarrollar un proceso revolucionario o apostar por ganar la guerra primero.

Manuel Azaña, presidente de la República, sustituyó el 19 de julio de 1936 al dimitido presidente del gobierno Santiago Casares Quiroga por Diego Martínez Barrio, quien no llegó a jurar el cargo. No obstante, Azaña nombró ese mismo día a José Giral jefe del gabinete. Tan pronto como este último asumió las responsabilidades de gobierno, la autoridad del poder central se descompuso y se crearon numerosos poderes locales de carácter popular y espontáneo que generaron divisiones intensas y supusieron la pérdida de la unidad política e incluso militar en el ámbito republicano.

El debilitamiento de autoridad, al que aludiría el propio Azaña en su obra teatral La velada de Benicarló (1937), y los avances de las fuerzas rebeldes, explican el cambio de Giral por Francisco Largo Caballero (septiembre de 1936), que ejercía su prestigio y autoridad sobre los obreros principalmente desde la dirección de la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato afín al PSOE. Largo Caballero hizo cuanto pudo por controlar la situación revolucionaria y formó un gobierno de concentración con presencia de socialistas, comunistas, una minoría de republicanos y nacionalistas vascos y catalanes. Dos meses después incorporó a militantes de la central obrera anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), cuya fuerza era destacada en Aragón, Cataluña y Valencia. Con todo, el enfrentamiento entre las dos tendencias ya aludidas (revolución o guerra) —y ello pese a que durante el gobierno de Largo Caballero mejoró la coordinación en el Ejército republicano— dio al traste con esta experiencia porque fue incapaz de hacer amainar las disputas entre las principales corrientes políticas de la coalición gubernamental.

En mayo de 1937, Azaña puso las riendas del gobierno en manos de Negrín, que pronto sería acusado de estar dominado por los comunistas. Negrín prescindió de inmediato de los anarcosindicalistas y orientó su gestión hacia la victoria militar; la revolución debía esperar. Pero los avatares bélicos desencadenaron una nueva crisis gubernamental en abril de 1938. Desde entonces, Negrín pasó a desempeñar también el cargo de ministro de la Defensa Nacional (anterior Ministerio de la Guerra), que venía ejerciendo el socialista Indalecio Prieto. Los denominados trece puntos de Negrín (nombre por el cual fue conocido el acuerdo propuesto por el presidente del gobierno republicano a las fuerzas franquistas, como base de una posible negociación), promulgados el 1 de mayo de ese año, en un afán por restablecer una democracia consensuada sobre principios alejados del conflicto bélico, no consiguieron recomponer la unidad del Ejército republicano ni sostener el escaso apoyo internacional, debilitado a medida que se retiraban los voluntarios extranjeros que habían formado parte de las Brigadas Internacionales.

El éxito definitivo de la ofensiva franquista sobre Cataluña, a principios de febrero de 1939, impidió que dieran fruto las garantías que el gobierno republicano pedía de cara a la paz: independencia de España y rechazo de cualquier injerencia exterior, que el pueblo pudiera decidir libremente acerca del futuro del régimen, así como garantía de evitar persecuciones y represalias después de la guerra. Estas condiciones propuestas por Negrín en las Cortes reunidas el 1 de febrero de 1939 en Figueras (Girona) no fueron aceptadas por el gobierno de Burgos, que presumía concluir la guerra en breves días. En efecto, la reunión de las Cortes republicanas en Figueras fue la última que tuvo lugar en suelo español. Antes de esa fecha se celebraron reuniones de las Cortes en distintas sedes, dependiendo de las propias circunstancias militares de la contienda. Las primeras tuvieron lugar en Valencia (diciembre de 1936 y febrero y octubre de 1937), en tanto que las postreras se produjeron en distintas zonas del territorio catalán, tales como Montserrat (febrero de 1938), San Cugat del Vallés (septiembre de 1938) y Sabadell (octubre de 1938).

En lo que respecta a la zona sublevada (denominada “nacional” tanto por las propias fuerzas rebeldes como por la historiografía favorable a las mismas), se dictaron paulatinamente medidas políticas al compás de las acciones bélicas, que fueron aplicadas en los territorios ocupados desde el principio y en todos aquellos que se incorporaban tras los éxitos militares rebeldes. La primera y pronta medida adoptada por los insurrectos fue la creación en Burgos de la Junta de Defensa Nacional, el 24 de julio de 1936, que presidió el general Miguel Cabanellas por ser el militar más antiguo e integraron en calidad de vocales los generales Emilio Mola, Fidel Dávila, Andrés Saliquet, Miguel Ponte y los coroneles Fernando Moreno y Federico Montaner.

A finales de septiembre de ese año, la Junta de Defensa Nacional designó a Franco generalísimo de las fuerzas sublevadas (principal jefe militar de las mismas) y jefe del gobierno. Así, el 1 de octubre de 1936 se hizo oficial el acceso de Franco a la jefatura militar y política de quienes se autodenominaban “nacionales”, cargos a los que él mismo unió el de jefe del Estado. Esta medida tuvo su complemento en el llamado Decreto de Unificación (19 de abril de 1937), por medio del cual se creó Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS), única formación política legal del nuevo régimen —llamado “Movimiento Nacional” por sus partidarios— que fundía los núcleos falangistas y tradicionalistas (carlistas). Esa operación política agudizó las tensiones latentes entre los falangistas desde que, en noviembre de 1936, fuera ajusticiado por los republicanos José Antonio Primo de Rivera, fundador y jefe nacional de Falange Española. El nuevo jefe nacional falangista, Manuel Hedilla, se opuso al decreto unificador, por lo que fue arrestado junto con sus seguidores.

En enero de 1938 se formó el primer gobierno “nacional” presidido por Franco, tras la disolución de la Junta Técnica de Estado, que había sido creada en octubre de 1936 inicialmente como una entidad de apoyo gubernamental a la primigenia Junta de Defensa Nacional. El primer gobierno franquista estuvo compuesto tanto por militares como por figuras civiles falangistas, tradicionalistas y monárquicas. Entre sus miembros cabe destacar a los generales Francisco Gómez Jordana (vicepresidente del gobierno y ministro de Asuntos Exteriores), Severiano Martínez Anido (responsable del Ministerio de Orden Público) y Fidel Dávila (ministro de la Defensa Nacional), al ingeniero naval Juan Antonio Suances (encargado del Ministerio de Industria y Comercio), así como al abogado y cuñado de Franco Ramón Serrano Súñer (ministro de Interior y secretario del Consejo de Ministros), al notario y falangista Raimundo Fernández Cuesta (responsable del Ministerio de Agricultura) y al escritor y político monárquico Pedro Sainz Rodríguez. Asimismo, el 9 de marzo de 1938 se promulgó el Fuero del Trabajo, que acabada la guerra alcanzaría el rango de ley fundamental y, por tanto, entraría a formar parte del peculiar constitucionalismo propio del franquismo.