3.

Edad moderna

En las postrimerías del siglo XV, el mapa del señorío español se vio ampliado como consecuencia de las recompensas otorgadas por los Reyes Católicos a los linajes nobiliarios que les habían apoyado en sus empresas militares ibéricas —en especial, guerra de Sucesión de Castilla y conquista de Granada— e italianas (campañas de Nápoles). Las familias que entonces se vieron definitivamente aupadas al poder consolidaron sus bases socioeconómicas en las décadas siguientes, al cerrar filas con el programa imperial de Carlos I (Carlos V) después de la guerra de las Comunidades de Castilla (1520-1521) y las Germanías (1519-1523). La subrogación jurisdiccional en manos privadas que implicaba el régimen señorial comprendió una gran diversidad de situaciones, dependiente de la fecha de otorgamiento, de la política que hubieran llevado los sucesivos titulares y del grado de resistencia de los vasallos. Pero, en general, durante la época de los Austrias, puede decirse que las prerrogativas señoriales en lo fiscal, en lo judicial y en lo administrativo fueron amplias porque los señores se insertaron en el programa de la Monarquía. Por ello algunos historiadores han hablado de un complejo monárquico-señorial para referirse al perfil institucional del Estado moderno en España.

Salvada la superior autoridad y jurisdicción de los reyes, éstos permitieron la conservación de jurisdicciones privadas a través, entre otras figuras, de la institución del mayorazgo. Es más, las necesidades económicas que acuciaron a la Corona, agudizadas en el siglo XVII, propiciaron la venta de jurisdicciones y rentas. Los Borbones cambiaron de actitud y terminaron con las ventas y las donaciones de nuevos señoríos. Felipe V, inmerso en la guerra de Sucesión, creó la Junta de Incorporaciones (1707), encargada de recuperar rentas enajenadas, oficios, títulos y jurisdicciones privadas, pero los resultados de su actividad fueron escasos. El balance de la acción contra los señoríos del régimen ilustrado fue pobre, porque estaban tan entrañados en el entramado institucional y jurídico del Antiguo Régimen que sólo su desmantelamiento en el siglo XIX acabó con aquéllos. La revolución liberal que afectó al marco del Estado español abolió definitivamente las jurisdicciones particulares y las tributaciones enajenadas en un proceso que arranca de las Cortes de Cádiz (1810-1814).