Moriscos, descendientes de los antiguos musulmanes que quedaron en España después de la Reconquista, los cuales ante la disyuntiva de convertirse al cristianismo o emigrar (1502 en la Corona de Aragón y 1525 en la de Castilla) optaron por la conversión, aunque conservaron su lengua, costumbres y religión.

La población morisca, unas 400.000 personas, estaba distribuida entre Andalucía (en Granada fundamentalmente), Valencia y Aragón. Los de la Corona de Aragón eran vasallos de los grandes señores territoriales, mientras que los de Granada andaban sueltos y libres. En general, había unanimidad en el país en cuanto a la oposición a los moriscos y en favor de su expulsión, porque al problema de la integración se añadía el de su dudosa fidelidad política y su posible vinculación con turcos y berberiscos. En 1568, tras la sublevación de las Alpujarras, Felipe II les dispersó por Castilla, pero fue Felipe III, aconsejado por el duque de Lerma, quien decretó la expulsión el 9 de abril de 1609, para proporcionar al reino la unidad religiosa y política.

La operación, realizada en etapas, se preparó con gran sigilo pero con gran rapidez. Los primeros debían marcharse en el término de tres días, para evitar una sublevación general o que pudieran pedir ayuda al exterior. Se comenzó por los moriscos de Valencia, donde sólo se permitió quedarse a los niños menores de cuatro años y a un reducido número de familias para que conservaran los cultivos e instalaciones. En 1614, cuando se dio por finalizada la expulsión, aproximadamente unos 275.000 moriscos habían salido de España. Las consecuencias de la expulsión fueron desiguales. La Corona de Castilla, donde los moriscos representaban una pequeña fracción de la población total, resultó poco afectada. No así en la Corona de Aragón, donde representaban el 20%, de la población. En Aragón la agricultura se vio seriamente perjudicada y en Valencia la catástrofe se extendió a toda la vida económica. Esta situación, sin embargo, no puede generalizarse al resto del país.