2.

Antecedentes

Una vez concluidas las Guerras Napoleónicas en 1815, el conjunto de territorios gobernados por la Casa de Habsburgo (hasta 1806 Sacro Imperio Romano Germánico e Imperio Austriaco desde 1804), volvió a recuperar su posición de gran potencia europea y tuvo que hacer frente a una serie de amenazas: en el interior, los diversos grupos nacionalistas de los territorios que conformaban el Imperio y los liberales insatisfechos con el régimen absolutista y centralizado desafiaban al poder; en el exterior, estados como los reinos de Piamonte-Cerdeña y Prusia se mostraban recelosos de la posición dominante que el Imperio había alcanzado en la península Itálica y en Alemania gracias al Congreso de Viena de 1815. Los gobernantes de la Casa de Habsburgo consiguieron hacer frente a estas presiones durante casi medio siglo con la ayuda del Ejército, la Iglesia católica y la burocracia, y con la tolerancia benevolente —y en ocasiones el apoyo armado— de Gran Bretaña y Rusia, dos de las grandes potencias con las que estuvieron aliados en la coalición antinapoleónica.

De este modo, Austria-Hungría emergió en medio de la confusión creada por los experimentos constitucionales, los conflictos políticos y las guerras provocadas por las revoluciones que tuvieron lugar en Europa central en 1848 y 1849. En marzo de 1848, una revuelta liberal en Viena que acabó con el régimen centralista y conservador del canciller austriaco Klemens Metternich y que pronto se extendió por diversos territorios del Imperio que reivindicaban mayor autonomía política y parecían abocados a desmembrarlo. Sin embargo, el Ejército sofocó las revueltas, aunque el emperador Fernando I abdicó en 1848 a favor de su sobrino Francisco José I, que ejerció el poder de forma absoluta hasta su fallecimiento en 1916.

No obstante, existían graves complicaciones. Hacia 1859, el Imperio Austriaco, después de haber perdido el respaldo de Rusia a causa de su neutralidad durante la guerra de Crimea (1853-1856), había sido prácticamente derrotada en la península Itálica por Francia y el reino de Piamonte-Cerdeña (que amalgamaba el proceso de unificación italiana), con la consiguiente pérdida de los territorios ocupados en 1815. Además, tenía que hacer frente a la creciente oposición de Prusia a su autoridad como líder de la Confederación Germánica. La debilidad interna del Imperio agravaba estos problemas: después de la derrota ante los independentistas italianos en 1859, el emperador Francisco José I había tenido que mantener algunas fuerzas en Hungría para reprimir posibles rebeliones provocadas por el descontento del pueblo; por otro lado, la situación financiera no mejoraba debido a la resistencia de la burguesía liberal alemana a proporcionar ayuda económica a un régimen absolutista y opuesto a la unificación alemana. Por ello, los primeros años de la década de 1860 fueron testigos de diversas experiencias constitucionales destinadas a proporcionar al Imperio armonía interna y a equiparle adecuadamente para defender sus otros intereses en Europa central.

En virtud de la Patente de febrero de 1861 quedaba implantado un régimen constitucional que fue bien aceptado por los súbditos de los territorios alemanes, pese a ser boicoteado por los húngaros y no contar con la aprobación de muchos eslavos (entre otras cuestiones, la lengua alemana se establecía como el idioma oficial del Imperio). Sin embargo, los intentos llevados a cabo en 1866 para alcanzar un acuerdo político con Hungría se vieron desplazados ese mismo año por la derrota del Imperio Austriaco en la Guerra Austro-prusiana, y la disolución de la Confederación Germánica.