2.

Fundación del gobierno Edo

Las bases del Japón Edo fueron establecidas por los tres primeros sogunes Tokugawa: Tokugawa Ieyasu, Tokugawa Hidetada (1579-1632; sogún desde 1605 hasta 1623) y Tokugawa Iemitsu. Ellos completaron la obra de Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, al poner fin a las luchas entre clanes daimios que habían dividido a Japón durante el periodo Muromachi (1333-1568) y el periodo Azuchi-Momoyama (1568-1600) e implantar un gobierno centralizado. Instalado en el pueblo pesquero de Edo en 1590 a instancias de Hideyoshi, su señor, Ieyasu hizo de este lugar el núcleo de su bakufu (‘gobierno militar’). Tras la batalla de Sekigahara, Edo se convirtió en la capital nacional: todos los daimios lucharon en la batalla y, posteriormente, Ieyasu destruyó más de 85 clanes daimios, reubicó a más de 40 y creó aproximadamente 70 nuevos entre sus seguidores. La confiscación de las propiedades de los derrotados y de la familia Hideyoshi proporcionó a Ieyasu y sus vasallos un cuarto de las tierras cultivables de Japón. Asimismo, éste obligó a los daimios supervivientes a jurarle lealtad entre 1611 y 1612.

Ieyasu venció en Sekigahara como jefe de una coalición de daimios; a continuación, se sirvió de ellos, en lugar de sustituirlos, otorgándoles cierto poder y autonomía. El gobierno Tokugawa evolucionó entonces hacia el sistema bakuhan: el bakufu Tokugawa que dominaba en los han (feudos) daimios. Tras su nombramiento como sogún en 1603, Ieyasu modificó la legislación sobre la propiedad de los han, asemejándola al sistema feudal europeo: los daimios, en lugar de heredar sus han como ocurría anteriormente, los recibían del sogún, que custodiaba todas las tierras en nombre del Emperador. Los cortesanos que acompañaban a éste apoyaron durante un tiempo al oponente de Ieyasu, el joven heredero de Hideyoshi. Por este motivo, las leyes bakufu dictadas en 1615 establecieron que la capital se asentara permanentemente en Kioto, sometida a estrecha vigilancia, mientras el sogún pasaba a ser el depositario de la soberanía imperial. En virtud de esta obligada delegación del Emperador, los daimios podían ser legítimamente desposeídos de sus bienes en caso de rebelión, conducta impropia, incapacidad para dar un heredero o simplemente para mantener la supremacía Tokugawa: el sogunado derrocó a 110 clanes daimios más a comienzos del siglo XVIII. La fortaleza del gobierno militar obligó a los daimios a obedecer. Los vasallos directos de Tokugawa, aquellos que portaban sus propios estandartes, formaron una fuerza permanente y lista para el ataque en Edo, y cientos de miles de samuráis constituyeron un segundo grupo de leales seguidores.

Los Tokugawa dividieron a los daimios en tres grupos: los shimpan (la rama de la dinastía Tokugawa), los fudai (linajes creados por los Tokugawa) y los tozama (independientes desde antes de 1600). Estos últimos eran considerados como la peor amenaza y su número quedó reducido a 117 clanes (de un total de 195 daimios) tras la batalla de Sekigahara, y a 98 (de 266) en 1795; muchos fueron enviados a distintos lugares o desposeídos parcialmente de sus bienes. Los tres grupos estaban sometidos a las Buke Shohatto (Leyes de Casas Militares), promulgadas en 1615 y ampliadas posteriormente, por las que se les prohibía construir fortificaciones, acoger a fugitivos o contraer matrimonio sin el permiso necesario. El peculiar sistema conocido como sankin kotai (‘servidumbre alterna’) —introducido para los tozama en 1635 y aplicado a los restantes daimios desde 1642— les exigía dejar a sus herederos y familias como rehenes en Edo (en enormes y lujosas mansiones) y servir al sogún en su gran castillo de Edo cada dos años. Estaban obligados a someter sus disputas al arbitraje del tribunal del sogún. Sólo se les permitía tener un castillo en sus dominios (los restantes eran demolidos) y tenían que colaborar en los grandes proyectos del sogún, como en el caso de la reconstrucción de Edo después del incendio de 1657. El sogunado se arrogaba el derecho de regular las relaciones con el exterior, los caminos públicos y la religión.

A pesar del férreo control del sogunado, los daimios no tardaron en asentarse en el régimen Edo. El gobierno Tokugawa les protegía de las mutuas agresiones, eran prácticamente los jefes supremos de sus feudos y no pagaban impuestos de forma directa. La mayoría debía su posición al favor de los Tokugawa y carecía de alicientes para desafiar su supremacía. En la década de 1650, casi todos los daimios habían sido nombrados por los Tokugawa, por lo que no albergaban deseos independentistas. Muchos de ellos siguieron las prerrogativas de los sogunes en la administración de sus feudos, de manera que la legislación y las instituciones se homogeneizaron considerablemente en todo Japón, teniendo en cuenta que aproximadamente el 75% del país era gobernado por señores con escaso poder. El sogunado nunca fue lo suficientemente fuerte para derrotar ninguna gran alianza entre los daimios, pero los dividió y gobernó confiando en el apoyo de los daimios fudai y en la mutua desconfianza entre ellos. Los fudai, entre los que se nombraba a los consejeros del sogunado y a otros altos funcionarios, tenían múltiples razones para utilizar el sistema en su propio provecho contra los tozama. En consecuencia, cuando falleció Iemitsu en 1651, el sistema bakuhan disfrutaba de suficiente estabilidad para mantener la paz durante un largo periodo de regencia, mientras los consejeros daimios gobernaban en nombre de su joven hijo Ietsuna (sogún desde 1651 hasta 1680). Puede decirse, pues, que los daimios nunca supusieron una seria amenaza para la hegemonía Tokugawa.